Mario Sanoja Obediente. Dr. en Antropología U.C.V.
Profesor de la FEVP
Profesor de la FEVP
Las
relaciones políticas entre los pueblos de América Latina están entrando hoy día
en una fase crítica que podría preceder un gran cambio histórico en la región.
El intento del gobierno de Estados Unidos de recolonizar los países
latinoamericanos y volverlos al estado servil de colonias de un imperio donde aquellos
conforman su “patio trasero”, busca consolidar las estructuras coloniales y
antidemocráticas de países como Colombia cuya oligarquía gobernante desde 1830
se ha convertido en el gendarme neocolonial necesario para tratar de
contrapesar y anular la fuerza política y social de la nación venezolana. Las siete bases
militares estadounidenses implantadas en territorio colombiano, son evidencia
más que fehaciente del triste papel de vasallo del imperio que ha aceptado
jugar la oligarquía colonial bogotana.
La incomprensión del presente, decía Max Bloch, “nace fatalmente de la ignorancia del pasado” y sobre todo de la ausencia de capacidad crítica para interpretar el presente (1986: 30). Por las razones anteriores hemos decidido tratar de presentar un breve análisis histórico comparado de la vida de dos sociedades vecinas como la colombiana y la venezolana desde su formación como naciones a partir del siglo XVI, fatalmente encadenadas por la geografía y la historia misma, con la finalidad de desvelar las claves que nos permitan entender la ya larga cadena de desencuentros y agresiones por parte de la oligarquía bogotana contra el pueblo y la nación venezolana. Esta situación ha sido exacerbada por el odio que han desarrollado, tanto la antigua oligarquía colonial como la novedosa narco-oligarquía latifundista bogotana hacia el proceso bolivariano y -en general hacia los venezolanos- ya que no pueden aceptar que nuestra nación se proyecte hacia un futuro soberano, mientras que dichas oligarquías tratan desesperadamente de mantener al pueblo colombiano encerrado en el pasado histórico colonial.
La incomprensión del presente, decía Max Bloch, “nace fatalmente de la ignorancia del pasado” y sobre todo de la ausencia de capacidad crítica para interpretar el presente (1986: 30). Por las razones anteriores hemos decidido tratar de presentar un breve análisis histórico comparado de la vida de dos sociedades vecinas como la colombiana y la venezolana desde su formación como naciones a partir del siglo XVI, fatalmente encadenadas por la geografía y la historia misma, con la finalidad de desvelar las claves que nos permitan entender la ya larga cadena de desencuentros y agresiones por parte de la oligarquía bogotana contra el pueblo y la nación venezolana. Esta situación ha sido exacerbada por el odio que han desarrollado, tanto la antigua oligarquía colonial como la novedosa narco-oligarquía latifundista bogotana hacia el proceso bolivariano y -en general hacia los venezolanos- ya que no pueden aceptar que nuestra nación se proyecte hacia un futuro soberano, mientras que dichas oligarquías tratan desesperadamente de mantener al pueblo colombiano encerrado en el pasado histórico colonial.
La fundación de la Nueva Granada
Las
discrepancias históricas entre Colombia y Venezuela comenzaron desde el mismo
pasado prehispánico: el régimen colonial español se implantó en Colombia sobre
sociedades originarias llamadas “de tipo Estado”, es decir, sociedades donde
existía una fuerte subordinación de la gente del común a los linajes sociales
dominantes. En Venezuela, por el
contrario dominaban las sociedades
igualitarias en las cuales la unión
política de las comunidades se basaba más en el consenso social que en la
imposición forzada. Vemos así que Jiménez de Quesada fundó a Santa Fé de Bogotá
el 16 de agosto de 1.538 sobre la planta de las antiguas aldeas muiscas de
Bacatá, altiplanicie bogotana, lugar de habitación del zipa, gobernante del cuasi Estado muisca, perteneciente
a la cultura chibcha, que devendría
posteriormente la capital del Virreinato de la Nueva Granada.
A
partir de entonces, las tierras descubiertas y conquistadas por Jiménez de
Quesada pasaron a llamarse Provincias del Nuevo Reino de Granada. Para
construir la estructura social del nuevo reino, los colonizadores españoles se
basaron en el tipo de relaciones desiguales de dominación y explotación
señor-siervos que ya existían en la sociedad originaria cuasi estatal muisca, reminiscentes de
la que habían existido en las lejanas sociedades medievales europeas, para
montar sobre ellas la estructura
sociopolítica de su poder colonial. La misma serviría de apoyo a una oligarquía
colonial bogotana que subordinaría el conjunto de colectividades aborígenes, de
esclavizados/as africanos y de mestizos/as que formarían posteriormente el
pueblo colombiano, despojadas de la
propiedad de la tierra y sus recursos, convertidas en trabajadores/as de las
haciendas y de las minas, en servidores/as doméstico/as y en siervos de las
redes de encomiendas. Tal estructura de
poder ha persistido hasta hoy día
encarnada en la actual oligarquía
colonial bogotana y en la narco-oligarquía latifundista que gobiernan
ambas con mano de hierro al pueblo colombiano.
Como
asienta el historiador colombiano Liévano Aguirre, ya en 1810, la política de
los movimientos independentistas de la Nueva Granada estaba orientada a
favorecer a la oligarquía bogotana. De esta manera, se dieron los pasos para
sustituir la metrópolis colonial española por una nueva oligarquía constituida
en una nueva metrópolis, Santa Fé de Bogotá, que devendría “...el centro de
poder de una colonia interior -donde las mayorías están privadas de
todos los medios de expresión- con un sistema electoral ad hoc que entrega todo el control estatal al
patriciado criollo...” (Aguirre, sf vol lll, 249).
Posteriormente
a 1810, esa oligarquía colonial bogotana tendría como mascarón de proa la
figura del general Francisco de Paula Santander, principal actor del odio
político hacia el proyecto democrático de Bolívar, la Gran Colombia, cuyo
colapso en 1830 unido a la muerte de El Libertador Simón Bolívar, permitió a los oligarcas bogotanos conservar
el régimen semifeudal de propiedad de la tierra así como también el poder
absoluto del cual gozaba la minoría
privilegiada.
A
partir de aquel momento, comenzaron a germinar y florecer en Colombia las
semillas de la rivalidad política entre la elite de caudillos liberales y
conservadores, expresada en sangrientas contiendas civiles que asolaron a ese
país entre 1.840 y 1.903. En 1.849, el General José Hilario López, liberal,
introdujo un programa de reformas sociales destinadas, entre otras, a abolir la
esclavitud y la propiedad comunal de la tierra que detentaban todavía los
resguardos indígenas, a favor de una forma de propiedad individual de las
tierras indígenas. Lejos de contribuir a una mayor justicia social, estas
reformas desposeyeron a los campesinos de sus tierras, aumentaron el grado de
explotación de las y los pobres por los ricos y propiciaron una redistribución
y concentración de la propiedad agraria
que favorecía y daba más poder a la
todopoderosa oligarquía latifundista que ya era dueña de Colombia ( Sanoja y Vargas-Arenas
2012: 27-54).
Los
conflictos entre los caudillos de las
élites políticas y sociales colombianas
se agravaron, culminando entre 1.899 y 1.903 con la Guerra de los Mil Días que
produjo entre 60.000 y 130.000 muertos. La tragedia de la guerra civil fue
coronada con la pérdida de Panamá a manos de Estados Unidos.
Una
nueva era de reformas liberales entre 1.930 y 1.946, con la oposición de la
clase terrateniente, legalizó el derecho a la tierra para los campesinos
desposeídos, creándose el Instituto de la Reforma Agraria. La hegemonía liberal
continuó hasta 1.946 cuando el partido se dividió en dos candidaturas: Gabriel
Turbay y Jorge Eliécer Gaitán,
triunfando el candidato conservador Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, los
conservadores estimularon la represión política contra los liberales y así en
1.948 es asesinado Jorge Eliécer Gaitán en las calles de Bogotá, líder del ala
izquierda del liberalismo, iniciándose una nueva era de violencia que se
intensificó bajo el régimen conservador de Laureano Gómez, quien trató de
borrar al liberalismo para instaurar un gobierno de corte fascista. Sus excesos
motivaron el Golpe de Estado dado por el General Rojas Pinilla, un líder
populista que no pudo cumplir su promesa de corregir los excesos de la
oligarquía colombiana. Derrocado Rojas a
su vez, se instauró en 1.957 un Gobierno de Frente Nacional apoyado por conservadores y liberales, cuya
gran contribución fue, al igual que nuestro famoso Pacto de Punto Fijo,
propiciar una alternancia equitativa de ambos partidos en el poder.
A
partir de aquel momento, nuevos actores sociales entran en la escena política
colombiana. Los campesinos desposeídos, que ya se habían organizado en
guerrillas de estructura muy elemental, se transformaron en un ejército
moderno, las FARC, con cuadros políticos animados por ideas nacionalistas y
marxistas que, hasta 2017, llegaron a controlar buena parte del territorio
colombiano.
La
oligarquía desarrolló un nuevo negocio, el narcotráfico, muchas de cuyas ganancias son lavadas vía la inversión
agropecuaria e inmobiliaria, propiciando la creación de una acumulación de
capitales de respetable valor. Para
defender su narco riqueza de la amenaza guerrillera, crearon los cuerpos
paramilitares. Para proteger el estatus de su poder y su riqueza, garantizando
su control sobre el Estado colombiano, crearon la narco política. Para
garantizar la perpetuidad de su dominio, la narco política colombiana se alió
con el gobierno de Estados Unidos. De esa unión grotesca, nacieron el Plan
Colombia y el Plan Patriota (Pérez Pirela, Ed. 2012).
En el medio de los actores políticos enfrentados en una
lucha feroz y sin cuartel, está la mayoría del pueblo colombiano: campesinos
desplazados, empobrecidos, desposeídos, dirigentes campesinos, obreros,
intelectuales, políticos progresistas asesinados por el sicariato de la oligarquía,
o empujados al exilio como los seis
millones de colombianos y colombianas que buscaron y obtuvieron una nueva vida en Venezuela desde
mediados-finales del siglo XX hasta el presente.
La
historia de Venezuela
La Capitanía General de Venezuela
A diferencia de las colombianas,
la mayoría de las sociedades originarias venezolanas eran de carácter
igualitario. Solo en el noroeste del país existieron sociedades jerárquicas y
cacicazgos aunque no llegaron a constituir Estados. Por esta razón, a los invasores
españoles les fue muy difícil someter a las poblaciones originarias venezolanas
y tuvieron que inventar nuevas estructuras de poder territorial colonial
(Vargas Arenas 1990: 301).
Todavía hacia finales del siglo
XVIII muchas etnias caribes del oriente de Venezuela no habían podido ser
sometidas al poder colonial y conservaban un estatus autónomo, al igual que los
wayúu en el noroeste de Venezuela; en muchos, casos las poblaciones indígenas formaron
alianzas con poblaciones negras que
habían logrado escapar del régimen esclavista de las plantaciones para fundar cumbes,
comunidades independientes donde convivían negros e indios en libertad. Ya
desde el siglo XVIII, una parte importante de la población venezolana tenía un
modo de vida antagónico al de la oligarquía colonial, hecho que tendría un
impacto decisivo en los movimientos de rebelión social que se organizaron en el
siglo XIX y culminan con la Revolución Bolivariana del siglo XXI.
La fundación de Caracas
La fundación de Caracas
A diferencia de Bogotá, Caracas, capital de la Provincia
del mismo nombre, fue fundada en 1.567 sobre una de las tantas aldeas indígenas caribe de
los toromaimas, localizadas en el valle y montañas
caraqueñas, comunicado con la región
litoral, región densamente poblada por los grupos de etnias de la nación
caribe, pueblos igualitarios de origen amazónico que llegaron a conquistar el
territorio centro oriental de Venezuela, la Guayana venezolana, la actual
Guyana y Demerara hasta la bocas del Amazonas y el Caribe oriental (Sanoja
Obediente y Vargas Arenas 2002: 76-81).
La
colonización del territorio venezolano por los españoles determinó, al igual
que en Colombia, la confiscación de la propiedad territorial de los pueblos
originarios y el sometimiento de los mismos a un régimen de esclavitud y
servilismo vía el sistema de encomiendas y repartimientos. A partir del siglo
XVII, se consolidó en Venezuela el sistema de plantaciones y haciendas
controlado en buena parte por la oligarquía colonial caraqueña dedicadas a la
producción agro exportadora, sistema que utilizaba principalmente el trabajo de
los esclavizados/as negros/as
secuestrados/as en África por los
traficantes ingleses, franceses y holandeses. Las consecuencias sociopolíticas
de dicho sistema, particularmente la exclusión social, siguieron influyendo
todavía en la moderna sociedad venezolana hasta inicios de la Revolución Bolivariana.
El
intenso proceso de mestizaje que caracteriza la formación del pueblo venezolano
se tradujo en una población mayoritaria de mestizos de indios, negros y blancos pobres, que controlaba buena parte de los procesos de
cambio y consumo de bienes para la subsistencia cotidiana: pulperos,
bodegueros, vendedores/as ambulantes, etc. que constituían una forma clasista popular,
alternativa a la oligarquía colonial de la cual, a diferencia de Colombia,
germinaría buena parte de las rebeliones sociales del siglo XIX.
Aquel
pueblo mestizo venezolano, convertido en ejército liderado por El Libertador
Simón Bolívar, luego del Congreso de Angostura atravesó en 1819 las serranías
andinas que separaban las provincias de Casanare
y Tunja para derrotar al ejército
español en las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de
Boyacá, las cuales sellaron la independencia de la Nueva Granada y engendraron
la fuerza política que habría de culminar en 1821 con la creación del sueño
bolivariano: la Gran Colombia.
Una vez creada la Gran Colombia,
el general Francisco de Paula Santander adquirió una figuración preponderante
en la oligarquía bogotana como principal
actor del odio político hacia el proyecto democrático de Bolívar y autor intelectual del complot del 27 de
septiembre de 1827 para asesinar a Bolívar. La muerte de Bolívar en 1830 y el
colapso de la Gran Colombia permitieron a aquella oligarquía conservar el
régimen semifeudal de propiedad de la tierra así como también el poder
detentado por la minoría privilegiada bogotana.
Después de la muerte de El Libertador Simón Bolívar en 1830, la ambición
de poder colombiana estimuló las tendencias separatistas que ya existían en
Venezuela y Ecuador que habrían de sellar la disolución de la Gran Colombia.
Según Baralt, ya en 1821, cuando el Congreso de Cúcuta promulgó la Ley
Fundamental de aquella república, dicha constitución ni fue recibida en
Venezuela incondicionalmente ni con
grandes muestras de alegría, ya que fracturaba la soberanía del país que quedaba dividido en departamentos,
privados de leyes propias, colocando el
centro del gobierno en la distante Bogotá (en Mijares 1962: 71).
En Venezuela, a diferencia de
Colombia, la Guerra de Independencia, sangrienta y destructiva, desarraigó la
sociedad clasista colonial. La gesta emancipadora fue vista inicialmente por las y los indios,
las y los pardos, las y los esclavizados negros y sus descendientes como una
empresa de los amos mantuanos criollos venezolanos que se rebelaban contra España
y los españoles peninsulares para fundar su propia república, un nuevo
Estado criollo que representase sus
intereses de clase. Por esta razón, dice Juan Úslar (2010: 1-6), en Venezuela
la Guerra de Independencia iniciada por los patriotas caraqueños se peleó inicialmente contra revolucionarios
sociales “….que no tenían nada que ver con el rey de España ni el realismo”.
Las personas esclavizadas, asienta Acosta Saignes (1986; 36), razonaban con
sencillez según los esquemas de su conciencia social: “…
¿Cómo pelear por quienes habían
sido sus explotadores inmediatos? ¿Era posible defender a los señores
componentes de los Cabildos, si ellos los habían enviado mil veces al látigo,
el cepo o al hambre…?”
Los
mestizos, zambos, negros e indios que seguían a sus jefes mantuanos se
enfrentaban a sus iguales que seguían
a José Tomás Boves. En ambos casos,
marchando por caminos enfrentados, dice Úslar, el Bravo Pueblo combatía
fundamentalmente por alcanzar la
libertad social que le habían confiscado los criollos blancos (Sanoja y
Vargas-Arenas 2018).
En
Venezuela, contrariamente a lo ocurrido en Colombia, con la Guerra de
Independencia se quebró la estructura territorial de la población venezolana.
Ello se tradujo en un decaimiento de la producción agropecuaria y en una ola de
penuria y de miseria generalizada que afectó al pueblo venezolano, combinada
con una pésima administración de la hacienda pública por parte del Estado
grancolombiano y los efectos
negativos de la primera crisis mundial de sobreproducción que afectó a
la economía venezolana entre 1820 y
1830. Dicha crisis estimuló el sentimiento nacionalista de las elites
republicanas venezolanas que habían combatido al imperio español para lograr un
Estado nacional soberano.
Debemos
recordar que fue a partir de la Revolución Francesa cuando comenzó a utilizarse
el concepto de nación, referido a un cuerpo democrático de individuos unidos
por la posesión de derechos comunes y con una organización del poder político
basado en el consenso (Vargas-Arenas y Sanoja 2006: 4). La oligarquía
republicana venezolana liderada por José Antonio Páez, como demuestran los
hechos, se sentía parte de una nación venezolana diferente a la que
representaban Santander y la oligarquía colonial bogotana, por lo cual Páez decidió tomar la riendas del
poder en Venezuela y enfrentar la crisis económica en la que estaba sometida y
que aquéllos no habían sabido o no
habían querido enfrentar. Aunque estos hechos han sido calificados en la
historiografía venezolana como una traición al sueño libertario de El Libertador Simón Bolívar, se trató en realidad del reconocimiento de
que la Gran Colombia no podía amalgamar sociedades nacionales históricamente
tan diferentes como la colombiana y la venezolana, con clases que poseían
intereses nacionales tan disímiles. Como diría el mismo Libertador Simón
Bolívar en su utopía nacional presentada a los bolivianos en 1826: “ Esta es la verdad. La digo para que no
hagamos castillos en el aire, aunque en esto nadie será mejor arquitecto que
yo…”(Acosta Saignes 1983: 278).
A
partir de 1830, vuelta a ser nuevamente un Estado soberano, la situación
(macro) económica de Venezuela comenzó a prosperar y los productos
agropecuarios comenzaron a encontrar un mercado estable y precios favorables
(Brito Figueroa 1993-I: 225).
Con
la sangrienta y prolongada Guerra de Independencia desapareció buena parte de
la oligarquía colonial que era dueña de la propiedad territorial agraria en
Venezuela, la cual pasó a manos de una nueva oligarquía republicana donde
figuraban de manera prominente los antiguos generales de la independencia,
burócratas y comerciantes especuladores. Posteriormente, a partir de 1.840
comenzó un período de contiendas civiles alimentadas por la confiscación del
derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra, lo que generó en 1850 la
insurrección campesina liderada por Ezequiel Zamora, General de Hombres Libres,
surgido de aquella incipiente clase popular de intelectuales y militares de
avanzada, pulperos, bodegueros, pequeños comerciantes, vendedores/as
ambulantes, peones campesinos,
artesanos, etc. que, llegado el siglo XXI bajo la égida del comandante Hugo
Chávez, habría de tomar el poder revolucionario como sociedad cívico-militar.
Existe a partir del siglo XVIII un
eje histórico que nos lleva desde las luchas y la rebeliones de indios, negros
y pardos, hacia Miranda, Bolívar, Zamora
y Chávez, lo que nos permite aprehender
que la continuidad de la obra iniciada por aquellos grandes constructores del proceso de liberación nacional no es casual ni producto de un azar
histórico. Diríamos, sin caer en determinismos extremos, que el Bravo Pueblo
Venezolano parece tener una vocación para promover cambios históricos y para producir los
líderes que, en los momentos decisivos, saben encontrar las vías para hacerlos
concretos (Sanoja y Vargas-Arenas 2018).
A diferencia de lo que
acontece en Colombia, las y los venezolanos sí hemos logrado
trascender la situación de neocolonia imperial que sigue atenazando al pueblo
colombiano; la coyuntura actual que se vive en Venezuela representa una fase de ese largo proceso de cambio
histórico y cultural que tiene como meta la transformación de la sociedad
venezolana en una nación socialista
“...para llevar esa lucha a una victoria que conquiste, al fin, la
independencia, la emancipación, la justicia social, la soberanía y la gran
unidad de los pueblos de nuestro continente; la patria grande con la que
soñaron, por la cual lucharon y por lo que murieron nuestros grandes próceres...”
(Acosta 2010: 236), y diríamos nosotros, también murieron centenares de miles
hombres y mujeres de nuestro Bravo Pueblo.
La naturaleza heroica de esta
gesta libertaria del Bravo Pueblo Venezolano, es la que genera todavía
sentimientos encontrados de admiración y de odio en la oligarquía colombiana
que se expresa en las repetidas agresiones que desde 1830 hasta el presente
ella ha cometido y sigue cometiendo contra el pueblo venezolano.
Agresiones contra el pueblo
venezolano en el siglo XX
La primera década del
siglo XX marcó un deslinde de los procesos históricos de Colombia y Venezuela.
Mientras en la primera, la crisis social continuaba dominada por el problema
agrario, en Venezuela el inicio de la explotación petrolera disparó el proceso
social venezolano hacia dos polos contradictorios: la sumisión de la oligarquía
republicana al imperio transnacional
estadounidense y anglo-holandés, por una parte, y por la otra la
rebeldía antiimperialista de los movimientos sociopolíticos progresistas. Porr ptra
parte, avivó la envidia de la oligarquía bogotana por la nueva
riqueza descubierta en Venezuela-
Cuando parecía que Venezuela comenzaba a escapar de las garras de
la oligarquía bogotana, ésta hizo todo lo posible por impedir que ese
alejamiento se concretara, manteniendo sus tradicionales apetencias
territoriales sobre la cuenca del lago de Maracaibo y la apertura del norte de
Colombia hacia el Caribe y el Atlántico. Es dentro de este marco político de
referencia como se puede entender la presión política militar colombiana hacia
Venezuela; dicha política comenzó en
1833 con las reclamaciones sobre nuestro territorio, el cual venía siendo
reducido por la avidez de la oligarquía bogotana y la debilidad de nuestros políticos, que se
manifiesta en el tratado de límites Pombo-Michelena.
Aquel proceso de despojo territorial culminó con el Tratado de Límites de 1.941,
redactado y firmado e impuesto bajo coacción militar a Venezuela por Eduardo
Santos, entonces Presidente de Colombia y aprobado por el Congreso Nacional a
proposición del Poder Ejecutivo
presidido por el General Eleazar López Contreras. Mediante dicho tratado la
oligarquía bogotana confiscó una importante porción territorial de nuestra
península de La Guajira e intentó
posteriormente en 1987 confiscar el islote de Los Monjes promoviendo la
provocación de la corbeta Caldas; de la misma manera se produjeron
posteriormente incursiones paramilitares en la frontera y en Caracas misma.
Muestra de estas provocaciones fue la
implantación en 2004 de un batallón de paramilitares colombianos en la finca Daktari -cuyo objetivo era el
asesinato del presidente Chávez- y -posteriormente- el escandaloso secuestro del representante
internacional de las FARC por agentes de la seguridad colombiana en territorio
venezolano.
Las agresiones en el siglo XXI
En siglo XXI, con la llegada de la Revolución Bolivariana, se
comenzó a combatir en Venezuela la pobreza; ésta había llegado a ser
estructural en la vida del pueblo venezolano
durante los gobiernos necoloniales de la IV República, actuando como un
freno a la realización social de los millones de excluidos/as del disfrute de
los bienes más elementales de la vida: la salud, la educación y la vivienda. La
lucha centenaria del pueblo por su emancipación explotó como una erupción
volcánica el 27 de febrero de 1989. Las ondas sísmicas que envió dicho
movimiento de rebeldía activaron la insurgencia militar bolivariana del 4 de
febrero y la del 27 de noviembre de
1992, semilla que cayó en el suelo abonado por la insurgencia popular armada que
marcó la vida política e ideológica venezolana durante las décadas de los años
sesenta y setenta del pasado siglo.
Hoy, luego de 18 años del inicio de la Revolución Cívico Militar,
triunfante por voluntad popular en 1998,
ratificada en 25 consultas
electorales libres y soberanas, vemos que la mayoría del pueblo
venezolano ha asumido como suya la construcción del Poder Popular y la
posibilidad de poder diseñar y poner en práctica un Estado Comunal Popular que
desmantele las estructuras y privilegios
del viejo Estado Liberal Burgués,
ideas que formaban parte del núcleo duro
de la Revolución Zamorana.
Por
tales razones, en estas primeras décadas del siglo XXI las agresiones de la
oligarquía colombiana para derrocar la Revolución Bolivariana se han tornado
más sádicas y crueles para evitar que nuestra Revolución sirva de ejemplo al
oprimido pueblo colombiano. Hoy día sufrimos los ataques a nuestra moneda y
contra nuestra economía originados en el
“dólar cucuteño”, en el robo
del efectivo de nuestro cono monetario, en el contrabando de extracción
de gasolina, alimentos y artículos de primera necesidad, en los ataques de
tropas paramilitares colombianas que se han infiltrado en todas las barriadas
de Venezuela, y en el sabotaje al
sistema eléctrico venezolano cometido por mafias delictivas asi como
mafias de comerciantes informales
conocidos como “bachaqueros”, teledirigidas desde Colombia.
En
la actualidad, el contrabando de extracción de la gasolina venezolana hacia
Colombia se sitúa en alrededor de 50.000 y 100.000 barriles diarios, lo cual le
ocasiona a Venezuela una pérdida de
18.000 millones de dólares anuales. La ganancia que perciben las mafias
colombianas es tan grande, que el negocio del contrabando de gasolina se ha
tornado más lucrativo que el narcotráfico. Todo lo anterior, combinado con
el bloqueo económico que nos han
impuesto los Estados Unidos, así como la traición a la patria de los dirigentes
de la derecha venezolana radicados en Bogotá y en Madrid, particularmente los
felones Julio Borges y Antonio Ledezma, representa un enorme daño a la economía
venezolana que debe ser reparado y corregido con toda la fuerza necesaria.
3.5 ¿Integración o vidas paralelas?
Venezuela
, es una pieza clave para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en
Sur América, el Caribe y el mundo. Mientras nos gobernaron los partidos
políticos de la IV República, genuflexos
y serviles ante el imperio, la clase político-empresarial corrupta de Acción
Democrática y COPEI, Venezuela era considerada como un modelo democrático para
el mundo.
Cuando
el gobierno democrático revolucionario del Presidente Chávez y ahora el del
Presidente Maduro electos, reelectos y
reconfirmados por numerosas elecciones populares, apoyados por muchos pueblos y
gobiernos del mundo, inicia una política
nacionalista que pone los recursos del Estado al servicio del bienestar
ciudadano, se le descalifica como terrorista e integrante del llamado “Eje del
Mal”.
El Presidente Chávez le tendió en su oportunidad una mano sincera al
Presidente Uribe, invitándole a asociarse a una agenda de importantes proyectos
socioeconómicos binacionales, pero
recibió en cambio afrentas terribles contra la soberanía de la nación
venezolana emulando las sufridas por Bolívar de parte de Santander y la oligarquía
bogotana. Por el contrario, un régimen controlado por la narco oligarquía y la
narco política como es el colombiano actual, autor de graves violaciones a los
derechos humanos de sus ciudadanos/as, es considerado por el gobierno de
Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea como un aliado militar
privilegiado al nivel de Israel y ahora de la OTAN, destinatario de la segunda
mayor cantidad de ayuda militar y económica que concede aquel país a uno de sus
aliados.
El presidente Maduro ha propiciado
en diversas instancias, sin resultados, una política de diálogo tanto con el
gobierno de Estados Unidos, como con la oligarquía colombiana a través de sus
sirvientes de la derecha venezolana.
La respuesta a
aquella política de diálogo ha sido el intento de magnicidio frustrado contra
el presidente Nicolás Maduro y todos los miembros del alto gobierno venezolano
el 4 de Agosto de 2018, fraguado en Bogotá por el Presidente Juan Manuel Santos
y la mafia de traidores a la patria encabezados por Julio Borges. El objetivo
central de dicho atentado era descabezar la Revolución Bolivariana y detener el
proyecto de reformas económicas anunciado por el Presidente Maduro que comenzó
el 20 de Agosto pasado. Dicho proyecto busca beneficiar la economía venezolana,
lo que afectará la economía colombiana, parasitaria y muy dependiente de la
venezolana.
La economía productiva colombiana
se ha empobrecido como consecuencia de la firma del tratado de libre comercio
con Estados Unidos. La deuda pública colombiana es actualmente una de las más altas de América Latina;
al mismo tiempo Colombia es uno de los países más desiguales en cuanto a la
distribución del ingreso y particularmente en la acumulación de tierra agrícola
en manos de los latifundios y las empresas transnacionales, todo lo cual causa un alto nivel de pobreza en la
población. En estas condiciones, el control del contrabando de extracción de la
gasolina venezolana podría crear una inflación severa en el precio de los
bienes y servicios, particularmente si observamos que las reservas petroleras
de Colombia podrían agotarse en el plazo de pocos años. No podríamos olvidar a
este respecto, que nuestra gasolina es fundamental para el procesamiento de la
cocaína que exportan los narcos colombianos hacia los Estados Unidos.
El cese del contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia, la
cual ese país ha exportado como si fuera
propia a precios internacionales, disminuiría el volumen de la renta que recibe
la oligarquía colombiana; no podemos olvidar, por nuestras propia seguridad,
que aquella oligarquía considera que
está en su derecho al apropiarse dicha gasolina y de toda la riqueza que
pertenece al pueblo venezolano.
¿Por
qué es tan importante para el gobierno de Estados Unidos mantener en Colombia
un régimen opresivo dominado por la narco oligarquía y la narco política? Colombia es un enorme territorio poseedor de
una importante biodiversidad y de grandes recursos acuáticos, ambos objetivos imperiales del siglo XXI.
Tiene además fronteras estratégicas con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y
Venezuela, acceso a dos importantes cuencas hidrográficas como el Amazonas y el
Orinoco y a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. En Colombia, como se dijo,
existe un narco Estado por lo que la gasolina es fundamental
para el procesamiento de la cocaína lo que constituye, en las actuales condiciones, una pistola apuntada al corazón petrolero de
Venezuela.
Los
pueblos de la región, sin embargo, van tomando conciencia del dilema:
integrarse como naciones soberanas o convertirse, de una vez y para siempre, en
colonias de un imperio que ha entrado ya
en la decadencia. Por ello, con el apoyo de las oligarquías colombianas, los
Estados Unidos pretenden borrar de un manotazo la Revolución Bolivariana e
intimidar militarmente al resto de los países suramericanos. Pero las
circunstancias históricas actuales que reflejan la existencia de una comunidad
de pueblos suramericanos, que no de gobiernos, cada vez más alertas y
conscientes de su destino, no favorecen esos perversos designios.
¿Una opción para la paz y la integración?
Desde su óptica reaccionaria, los
gobiernos de Trump y de Uribe-Duque consideran que no tienen otra alternativa
sino destruir la Revolución Bolivariana para evitar que se consolide la
posición de Venezuela en el sistema mundial al lado de China, Rusia, La
India, Irán y Turquía e impedir
-igualmente- que Cuba y Venezuela logren estabilizar un sistema de integración
solidaria que consolide la democracia y la soberanía en el Caribe Oriental.
Dicho proceso debilitaría el poder de la camarilla de políticos
cubano-americanos que mantienen confiscada la política latinoamericana del
gobierno de Estados Unidos, orientándola
hacia una escalada de conflictos con cualquier país que intente escaparse de su
cerril ortodoxia.
Colombia
y Venezuela, compartieron durante el efímero tiempo que duró la Gran Colombia una historia parcialmente
común. La Revolución Bolivariana no puede seguir considerando ingenuamente a la
narco oligarquía colombiana como el gobierno de un país hermano sino, como un
gobierno agresor que desde 1830 hasta el presente solo ha perseguido la misión
que le ha encomendad el imperio: destruirnos como nación y como pueblo para
apoderarse de nuestras riquezas.
RECOMENDACIONES:
Reestudiar en profundidad las causas económicas, políticas, culturales y sociales
que subyacen el rompimiento de la Gran Colombia, la ulterior conducta agresiva de la
oligarquía bogotana y la narco oligarquía terrateniente colombiana hacia
Venezuela, para informar correctamente al pueblo venezolano en particular y a
la comunidad internacional en general.
Bibliografia citada y recomendada
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de la Biblioteca Universidad Central de
Venezuela. Colección Historia XIII. Caracas.
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Es este un artículo valiente y heterodoxo que permite entender mejor la relación pugnaz que ha existido históricamente entre Colombia y Venezuela. El Dr. Sanoja deja claro que no es desde el altar de las buenas intenciones y las declaraciones de buena voluntad cómo podemos comprender mejor las relaciones entre ambos Estados, sino desde los campos de la geohistoria, la lucha de clases y la geopolítica. De lo contrario, si el idealismo rige el análisis desde Venezuela, en vez de dar insumos teóricos para construir la defensa integral de la patria, estaremos dejándola desguarnecida : le daremos a nuestra dirigencia un abanico para atemperar el clima político cada vez que este se enrarece, en vez de un escudo protector y una artillería de pensamiento contra las sistemáticas agresiones de un Estado fratricida.
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