MSc. José J. Velásquez N.
Magister en Seguridad, Defensa Integral e integración.
Artículo escrito en el 2019
Artículo escrito en el 2019
INTRODUCCIÓN
Hablar de Venezuela en el Ojo del Huracán es de la estrategia guerrerista de Washington en el caso de nuestra Patria, la cual ha consistido desde hace varios años en generar un plan de ataque envolvente, multifactorial y de largo espectro, para derrotar la voluntad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sin necesidad de intervenir militarmente. La multiplicidad de tácticas: sanciones económicas, promoción de acciones terroristas, operaciones psicológicas, han funcionado como una perfecta "niebla" al estilo 'clausewitziano', agotando al aparato de Estado en resolver los dilemas tácticos tales como: abastecimiento de comida, medicinas, mantenimiento de las redes de servicios públicos entre otros y haciendo que el horizonte sea incierto para los que habitan el país endoamericano.
LA FRONTERA SUR COMO ESCENARIO DE INGERENCIA GEOPOLITICA CONTRA VENEZUELA.
· Escenario Nª 1.
Entre el 18 y 30 de noviembre se estará realizando en Brasil la octava edición del Ejercicio Crucero del Sur (CRUZEX), en el que participarán al menos 14 países con unas 120 aeronaves aproximadamente. El CRUZEX es uno de los ejercicios de mayor dimensión organizados por el ejército brasileño y tiene como una de sus misiones desarrollar "varios escenarios de Guerra No Convencional con el enfrentamiento a fuerzas insurgentes y paramilitares, en el contexto de una misión de las Naciones Unidas".
- Escenario Nª 2
Ante la debacle de los partidos adversos a Nicolás Maduro, que incluye un descrédito dentro de su propia masa de votantes, producto de su desacertada decisión de lanzar al país a los umbrales de una guerra civil en el año 2017, ahora lo que se avizora es que la batuta organizativa y de protesta social sea tomada por los gremios sindicales y obreros que controlan, tal como sucedió en el año 2002.
Luego de una asamblea intergremial realizada en la Universidad Central de Venezuela en los primeros días de noviembre, se acordó que los sindicatos de trabajadores de Guayana estarían a la vanguardia de las protestas. Fernando Serrano, secretario de Trabajo y Reclamo de CVG Venalum (empresa estatal productora de aluminio), informó que se tiene previsto realizar una gran marcha el 27 de noviembre para "llevar de Guayana a Caracas, al menos 300 trabajadores" del sector minero de Venezuela. Puede ser una fecha a tomar en cuenta, como inicio de una agenda de presión de cara a la toma de posesión del Presidente Nicolás Maduro en Enero de 2019.
- Escenario Nª 3
A principios del mes de noviembre de 2019, paramilitares colombianos atacaron a un grupo de Guardias Nacionales en el estado Amazonas. Tres de los efectivos militares fallecieron y otros diez resultaron heridos. El presidente Maduro, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó reforzar militarmente la frontera y luchar contra cualquier grupo armado que entrara en el país. "En Venezuela no hay cabida para grupos armados al margen de la ley, de grupos paramilitares y rechazamos la incapacidad del Gobierno colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico", afirmó Padrino López.
- Escenario Nª 5
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó a inicios de noviembre que el presidente Trump había ordenado imponer sanciones a la exportación de oro venezolano. Venezuela comenzaba a dar pasos importantes en el uso de este metal, no solo como respaldo de su moneda, sino como medio de pago a países aliados como es el caso de Turquía, a donde exportó este año 23,62 toneladas de oro, valoradas en 900 millones de dólares.
EL 10 DE ENERO DE 2019: LA OBSESIÓN POR DECRETAR EL FIN DE LA HISTORIA.
De nuevo, la Asamblea Nacional de Venezuela, que según el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en desacato, aprobó el 13 de noviembre una resolución para "declarar como inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero del año 2019 y convocar al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional a defender la Constitución y propiciar el cambio político en nuestro país."
Dicho 'acuerdo' fue objetado por diferentes miembros de grupos políticos de la oposición (Causa R y la fracción '16 de Julio') por considerar que el documento propuesto por el ala radical del partido Voluntad Popular "fue mostrado minutos antes de su aprobación" y se desconocía el "el alcance del mismo". Para el diputado José Luis Pirela, de la fracción 16 de Julio, "esto no se puede ver a la ligera y mucho menos si tiene elementos de fondo que toca la esencia del debate político venezolano que tiene que ver con el cambio de este régimen", apuntó.
Más allá de los argumentos a favor y en contra, lo que sí se abre como posibilidad es una intención de la oposición venezolana de perseverar el cerco diplomático a Venezuela. Habría que esperar a ver si los gobiernos que se han mostrados más alineados a Estados Unidos se plegarán a dicha propuesta e implementarán medidas radicales como el desconocimiento de las misiones diplomáticas en dichos países. Algo que contravendría las dinámicas, espíritu y leyes de la comunidad internacional y para lo cual Venezuela tendría que estar siempre más que preparada.
LA RAZÓN POR LA QUE ESTADOS UNIDOS NO INVADE VENEZUELA.
Si tal como lo reporta la OPEP, la producción de petróleo venezolano en octubre fue de "1,17 millones de barriles diarios" —lo que representa un 33% menos que en septiembre—, resulta coherente pensar que Estados Unidos dirigirá su atención a provocar por todos los medios impedir que Venezuela logre comercializar su segundo rubro más importante.
Los indicios hacen pensar que se intentará agudizar el conflicto social en la frontera Sur de Venezuela. Caotizar una de las zonas que produce riqueza a la nación para agotar las posibilidades del país de tranzar sus recursos en el mercado internacional. Las sanciones de Estados Unidos solo se usaron como incentivo para que las mafias que desvían el oro hacia Colombia, tomen mayores bríos y refuercen conexiones y aliados.
Por otro lado, veremos un intento exacerbado por parte de los operadores psicológicos al servicio del Pentágono para relacionar a la Fuerza Armada Bolivariana con la guerrilla colombiana, en especial con el ELN que opera en la frontera de los estados de Apure y Amazonas. El objetivo es tratar de dividir anímica y políticamente al Ejército venezolano, para buscar una brecha por la cual meterse y lograr su ansiado aliado interno, sobre todo ahora que vuelven a poner sobre la mesa otra fecha apocalíptica.
EL PETRO: LA RAZÓN DE LA GUERRA DE EEUU CONTRA VENEZUELA
Altos mandos militares y políticos del país han denunciado en innumerables oportunidades que desde la llegada al poder de Nicolás Maduro se ha intensificado una clase de guerra no convencional cuyo objetivo es derrocar el Gobierno bolivariano.
Los esfuerzos de Estados Unidos en el empleo de esta guerra multidimensional han estado dirigidos a "explotar las vulnerabilidades sicológicas, económicas, militares y políticas" de Venezuela, tal como lo ha señalado el ministro de Comunicación de la nación suramericana en una entrevista concedida a la cadena rusa RT. El objetivo: convertir el país en un gran laboratorio para desatar el caos a través de una "guerra mediática, de acción permanente para incitar las emociones más primitivas" en la población.
Las tácticas han sido variadas y han tenido sus mayores picos justo en la antesala de épocas electorales, tal como lo ha demostrado la economista Pasqualina Curcio a propósito del ataque al sector económico.
Sin embargo, en las vísperas de una elección presidencial, prevista para el 22 de abril, la hipótesis que gana más fuerza es la intención de Estados Unidos de detener el posible éxito del petro, la criptomoneda que el Gobierno venezolano usará para saltarse las sanciones impuestas contra el país y solventar así, la delicada situación económica. Una acción que de resultar positiva, inclinaría la balanza electoral a favor de Nicolás Maduro.
ENCARANDO LA DEFENSA.
Los factores que sirven de punta de lanza para la agresión contra Venezuela, en primer lugar tienen una Dimensión Psicológica, que se apoya en el concepto de "diáspora venezolana". Ésta representa una de las mayores campañas de intervención psicológica que han tenido lugar, y su enfoque ha estado dirigido a la juventud. El llamado es a emigrar como única salida a la crisis política y económica que se vive en el país. El tono de los mensajes que inundan las redes sociales, programas de televisión y radiales, simplifican la compleja realidad, a través de un único culpable: Nicolás Maduro.
En esta campaña propagandística impulsada a través de internet, se han invertido ingentes sumas de dinero para posicionar en los principales resultados de buscadores, así como en la publicidad que aparece en las aplicaciones y juegos que se descargan en los teléfonos celulares, tutoriales, noticias, historias de éxito que refuerzan la idea de emigrar. No es inocente dicha táctica. Se busca utilizar este fenómeno como base para legitimar, como veremos más adelante, el argumento de intervención por causas "humanitarias".
El segundo aspecto de la agresión, es constituida por la Dimensión Económica. No solo estamos atestiguando la hiperinflación de los precios en Venezuela, como producto de la influencia de la web Dolar Today. Dicha página ha sido denunciada por el Banco Central de Venezuela ante tribunales norteamericanos por ser la mayor responsable de la pérdida de poder adquisitivo del venezolano.
Además, con el petróleo recuperando su precio en el mercado, Trump y sus socios en la Unión Europea refuerzan las severas sanciones económicas para dificultar que las empresas venezolanas pudieran comerciar en el exterior. Esto ha traído como consecuencia que en Venezuela no puedan conseguirse medicinas y otros bienes esenciales. Altos funcionarios del Gobierno calculan que el 30% de productos que se importaron y produjeron en el 2014 fueron extraídos de forma ilegal hacia Colombia. Recientemente, Caracas ordenó investigar el contrabando hacia las islas del Caribe, especialmente Aruba y Curazao, de materiales estratégicos como el cobre y el oro.
Otra de las acciones en esta guerra no convencional, tiene su Dimensión Paramilitar. En los últimos días se han reportado numerosos ataques al sistema eléctrico nacional y acciones de carácter terrorista en los sistemas de transporte masivo de la capital y en infraestructura hospitalaria. El objetivo fundamental es deslegitimar la figura del Gobierno nacional como responsable de mantener la seguridad de la población. Así como lo explica el filósofo alemán Hans Enzensberger, teórico de la Guerra Civil Molecular, el aumento de la violencia además de alienar a la población para ser controlada a través del temor, también provoca la ruptura del contrato social. Se pierde la fe en el Estado y, por tanto, poco a poco se desintegra el tejido de la sociedad.
El cerco también incluye una Dimensión Jurídica. El pasado jueves 8 de febrero, la Corte Penal Internacional ha informado de su decisión de abrir un expediente al Gobierno venezolano por la supuesta represión evidenciada durante la contención de las protestas violentas del año 2017. El plan es cohesionar a la comunidad internacional y, en especial, al consejo de seguridad, para lograr una medida de intervención militar, similar a la aplicada en la extinta Yugoslavia durante el mandato de Slobodan Milosevic.
La participación activa de la Republica Bolivariana de Venezuela en la promoción de un mundo Multipolar y Pluripolar a generado en las potencia extrajeras direccionar su mirada en especial los Estados Unidos de Norte América, hasta el punto de utilizar términos como Crisis Humanitaria.
¿QUÉ ES UNA CRISIS HUMANITARIA?
Es una situación de emergencia “en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia”.
La crisis humanitaria se suele desencadenar por la ocurrencia dos fenómenos:
- un desastre natural
- un conflicto bélico
La combinación de estos fenómenos y de problemas preexistentes en contextos con presencia de
- Pobreza y desigualdad social
- Mala gobernabilidad y fragilidad estatal
- Precariedad alimentaria
- Violaciones de derechos humanos,
Tienen como resultado el desplazamiento forzado de seres humanos, enfermedades y una crisis alimentaria.
Por tanto, el desplazamiento forzado, las enfermedades y la crisis alimentaria calificarían como crisis humanitaria si se dan junto a esos fenómenos (desastre natural o conflicto bélico) en el contexto complejo descrito.
Hay una variante de la crisis humanitaria denominada “emergencia política compleja”. Ésta es la forma en la que muchas crisis humanitarias se han dado después del fin de la Guerra Fría. Según la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), las emergencias políticas complejas: “se diferencian de las crisis por ser más prolongadas en el tiempo, tener un origen fundamentalmente político y un importante impacto destructivo y desestructurador en todas las esferas de la vida”.
LA DOCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P) PARA JUSTIFICAR EL INTERVENCIONISMO
La doctrina de la Responsabilidad de Proteger la cual buscan aplicar en la Republica Bolivariana de Venezuela, también conocida como R2P, por sus siglas en inglés, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2005 tras varias guerras traumáticas (Bosnia, Kosovo, Ruanda). Consiste en el derecho que se arroga la comunidad internacional para intervenir en los asuntos de terceros cuando está en peligro la integridad de determinadas poblaciones por riesgo de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes en contra de la humanidad. La intervención suele ser en forma de medidas drásticas (que incluyen intervenciones militares), justificadas bajo el argumento de impedir un sufrimiento mayor de la población.
Según algunas especialistas, la base legal para la aplicación del uso de la fuerza en una intervención humanitaria requiere:
- Que exista evidencia convincente, aceptada por el conjunto de la comunidad internacional, de la existencia de una crisis humanitaria angustiante, a gran escala, que haga imprescindible la intervención inmediata y urgente;
- Que sea objetivamente claro que no hay otra alternativa viable al uso de la fuerza para salvar vidas;
- Que el uso de la fuerza sea necesario y proporcional al objetivo del alivio del sufrimiento humanitario, así como debe ser estrictamente limitado en el mínimo tiempo para el alcance de este objetivo.
Sus defensores sostienen que este tipo de “intervención humanitaria” tiene sustento legal y sólo se usa de manera excepcional. Sin embargo, no deja de generar controversia puesto que, como tal, esta doctrina no está incorporada formalmente en el Derecho Internacional y tampoco es vinculante, al haber sido adoptada por la Asamblea General. Su aplicación, de hecho, puede acabar invalidando el papel que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene en la autorización del uso de la fuerza, así como contravenir la misma Carta de la ONU en su artículo 2.
Sin embargo, cada vez hay más ejemplos de aplicación de la R2P como pantalla que no logra tapar el intervencionismo de las potencias en terceros países. De hecho, tanto la R2P como el concepto “intervención humanitaria” están enfocados en el derecho de las potencias a la injerencia. Dos de los casos más recientes han sido los de Libia y Siria.
En 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1973 para intervenir en Libia amparándose en la R2P. Bajo la excusa de proteger a la población libia de supuestos ataques del Gobierno de Mohammad Gaddafi, se autorizó una zona de exclusión aérea y el bombardeo de la OTAN. El resultado fue más de 50.000 muertos y cientos de miles de desplazados por esta “intervención humanitaria”, cuyos estragos todavía se viven en el Mediterráneo. La ingobernabilidad y el caos caracterizan a la Libia actual, que es considerada un Estado fallido.
También en el caso sirio se ha esgrimido la defensa de la R2P para justificar bombardeos sobre población civil, algo altamente paradójico desde un punto de vista “humanitario”. El uso de la ley para la intervención también se observó en la autorización que hizo el Consejo de Seguridad de la ONU (resolución 2328 de 2016) a la llegada de una misión de monitoreo a Aleppo, para supervisar supuestos ataques a civiles por parte del Gobierno de Bashar Al Assad. Actualmente, el conflicto sirio se está resolviendo a favor de las fuerzas gubernamentales, gracias al apoyo militar y político de la Federación de Rusia.
LA SUPUESTA CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA.
En los últimos tiempos se viene manufacturando la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela que irradiaría a terceros países en la región (elemento clave para buscar su participación en las tareas de intervención y dar lugar a una guerra por delegación o proxy war). El tema del éxodo de venezolanos hacia países como Brasil, Ecuador o Colombia, presentándolo como una “crisis de refugiados” que, además, traían enfermedades, ha sido la pieza neurálgica en esta construcción. Para presionar en el sentido de la existencia de esta problemática, EE. UU. Decidió dedicar una parte de los 9 millones, destinados originalmente a la asistencia a la sociedad civil venezolana en el año fiscal 2019, a atender a los venezolanos en Colombia.
Esta asistencia a los venezolanos ha sido calificada de insuficiente por analistas del propio establishment
La oposición venezolana, respaldada por otros gobiernos de la región y por el Secretario General de la OEA, ha pedido abrir un “canal humanitario” para hacer llegar la ayuda humanitaria que EE. UU. Quiere trasladar a territorio venezolano desde territorio colombiano. Una ayuda de la que la Cruz Roja se ha encargado de deslindarse.
La falsedad de la existencia de una “crisis humanitaria” en Venezuela, que haría necesaria la intervención de EE. UU. y otros países para atajar esta problemática, se pretende convertir en una verdad por la fuerza de la repetición y la difusión de imágenes impactantes (y a veces manipuladas, como el uso de fotos de niños yemeníes haciéndolos pasar por venezolanos) en las redes sociales. Estamos asistiendo a una novedosa forma de golpe de Estado virtual que necesita legitimarse por redes y medios de comunicación. La argumentación y los ejemplos usados para sustentar una supuesta “crisis humanitaria”, de mayor o menor nivel de elaboración o veracidad, no esconden que, tras esta matriz prefabricada, encontramos las “armas de destrucción masiva” que permitieron a EE. UU. Mentir e invadir Irak. Con la diferencia de que en 2003 la mayoría de la opinión pública mundial tenía claro que aquélla era una guerra por petróleo.
Años de bombardeo mediático contra Venezuela impiden que en la actualidad haya esa claridad antibélica por parte de la opinión pública e, incluso, por parte de cierta izquierda mundial. De ahí la importancia de aclarar términos y alertar sobre qué hay detrás del uso a la ligera de conceptos que se están utilizando a conciencia para validar nuevamente la injerencia política y, eventualmente, militar, de EE. UU. en un país de América Latina. Los antecedentes de Libia y de Siria permiten visualizar cuál puede ser el futuro para Venezuela de no detener esta escalada bélica en forma de “intervención humanitaria”.
COLOMBIA EN LA GEOPOLÍTICA REGIONAL (Y CONTRA VENEZUELA)
Desde comienzos del siglo XXI, Colombia mantuvo una actitud en extremo inversa respecto de los Estados de la Región. Mientras la arquitectura internacional de integración buscaba ganar mayores niveles de autonomía frente a los Estados Unidos, desde Bogotá se le demostraba fidelidad y confianza en la asistencia económica y militar, así como la condescendencia a su política hemisférica. Las implicancias en el escenario geopolítico actual, se expresan en un liderazgo por suplantar los esquemas de integración creados y abonar el terreno para la intervención en Venezuela.
COLOMBIA Y EE. UU.
Gran parte de lo que significa Colombia en la región latinoamericana y caribeña se debe a su política exterior, caracterizada por una postura subordinada a los planes hemisféricos de los Estados Unidos (EE. UU.), priorizando los asuntos militares y de seguridad en sus relaciones internacionales. Uno de los ordenadores de esta política, que mantiene consecuencias visibles en la actualidad, ha sido el Plan Colombia (renombrado Plan Paz Colombia en 2016, a finales de la administración Obama), otro rótulo de la “guerra contra las drogas” y el “terrorismo”. Análisis sucesivos apuntan a que los objetivos reales eran destruir las organizaciones político-militares de izquierda y profundizar los mecanismos de acumulación vía la extracción de recursos minero-energéticos.
A través del Plan Colombia, se ha articulado una proyección continental que combina la militarización de la sociedad, la “asistencia para el desarrollo” y la creación de una infraestructura regional al servicio de la extracción de valiosos recursos naturales. En esa línea, Colombia ha concatenado su actitud hostil con las agendas devenidas de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, y otras como el ALCA, el Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Regional Andina y la Iniciativa Mérida. Del mismo modo, ha diseñado una política de Defensa y Seguridad Nacional (conocida como “Seguridad Democrática”), cuya aplicación ha generado situaciones de alta tensión tanto en las fronteras con Venezuela y Ecuador por incursiones militares en sus territorios, como en la región a través del convenio de cooperación que ponía a disposición de los EE. UU. Siete bases militares colombianas. Esta trayectoria es actualmente el cheque en blanco para ser instrumento de operaciones en el marco de la crisis con Venezuela.
Mientras la región suramericana vivió un proceso creciente de integración con independencia de los Estados Unidos, Colombia desentonó, siendo además del único país con un conflicto armado, un agresor a sus vecinos y un articulador permanente de iniciativas extraoficiales a la institucionalidad internacional naciente. Mientras en la UNASUR se avanzaba en la perspectiva de articular agendas políticas y de defensa, con las que se restaban fuerzas al panamericanismo tutelado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Colombia fortalecía -mediante ONGs y fundaciones- una red de outsiders políticos de derecha que proyectaban reconfigurar el continente como área de influencia de Washington.
En mayo de 2018, Juan Manuel Santos comunicó públicamente la aprobación, por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la incorporación de Colombia como socio global, categoría que comparte con otros estados como Afganistán, Irak, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Siendo el único Estado de la región con dicho estatus, la actitud de Colombia contradice las declaraciones de la UNASUR (2008) y la CELAC (2014), que comprometen a los estados miembro a mantener la región como “zona de paz” y “libre de armas nucleares”. La incorporación fue mostrada como un logro tras sucesivos intercambios iniciados en 2013, cuando el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó la solicitud. Entre ellos se destaca la participación de la Armada colombiana en ejercicios combinados contra la piratería en el océano Índico, como parte de la Operación Atalanta realizada en el Golfo de Aden. Si bien en lo técnico la asociación no implica ser miembro pleno del Tratado, el intercambio de información, la transferencia de experiencias, el adiestramiento de tropas y la incorporación de doctrinas de seguridad global y ciberseguridad, implican un rol hostil en un escenario de tensión en la región.
Las consecuencias de dicha asociación militar se evidencian en el rol asignado a Colombia en los ejercicios combinados recientes de la región. Algunos ejemplos son la participación en el Red Flag 2018, ejercicio de entrenamiento en combate aéreo organizado por la Fuerza Aérea de los EE. UU. (USAF) y coordinado por la OTAN; el AmazonLog 17, realizado en la triple frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú con las tres fuerzas en conjunto; y los UNITAS Pacific y UNITAS Amphib 18, desarrollados en el Caribe colombiano y en Río de Janeiro, respectivamente. A ello se suman un conjunto de reuniones de ministros de Defensa y jefes de las Fuerzas Armadas, con la participación de altos mandos del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM), como el Almirante Kurt Tidd, ahora sucedido por Sean Buck, quien visita asiduamente Colombia.
COLOMBIA, TRUMP Y VENEZUELA
En el contexto actual, Colombia es uno de los estados que más presión diplomática ha ejercido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, recurriendo de la Organización de Estados Americanos hasta la Corte Penal Internacional. El escalamiento de su lenguaje ha logrado instalar en los medios de masivos de información la posibilidad de una intervención militar y enlazar una serie de operaciones psicosociales.
El presidente, Iván Duque, ha pretendido liderar la coalición neoconservadora en medio de la situación. Entre sus acciones estuvo la mención de la necesidad de crear un mecanismo de cooperación regional que sepulte a UNASUR -organismo de cooperación del que se retiró en agosto de 2018– que se hará efectivo a fines del mes de febrero. Lo evidente hasta ahora es que PROSUR, como nombró el presidente colombiano a la escueta propuesta, se proyecta como un foro “no ideológico” que brinde estructura formal al Grupo de Lima y que, con la flexibilidad burocrática que propone, logre vincular agendas comerciales con socios estratégicos como Brasil, un ausente en la Alianza del Pacífico que se encuentra en estancamiento económico.
Es pertinente mencionar, frente a este panorama, que en el año 2004 la República Bolivariana de Venezuela reformuló las bases de su política de seguridad y defensa, dotándola de un carácter integral que vincula áreas económicas, sociales y culturales con la participación directa del pueblo en su conjunto (algo similar a lo implementado en Vietnam durante la resistencia al colonialismo, o en Cuba como sistematización de la doctrina del “pueblo en armas”). Dicha política, basada en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, promovió la Doctrina Bolivariana de Defensa y Desarrollo Integral que reconocía cuatro escenarios de conflicto:
a) Guerra de “Cuarta Generación”
b) Golpe de Estado
c) Conflicto Regional
d) Intervención Militar Directa de EE.UU.
A pesar de que Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, realizó dos giras por Suramérica en busca de consensos para “tercerizar” la intervención militar en Venezuela, el Gobierno de Juan Manuel Santos se abstuvo de la opción de uso de la fuerza y apostó a otras mediaciones, sin dejar de fijar posición contra el Gobierno de Maduro, al que de denominan “régimen” como expresión peyorativa y que ha calado mediáticamente hasta escalar en la connotación de dictadura. Santos reconoció tácitamente que el Gobierno venezolano era legítimo hasta el 10 de enero de 2019, con lo cual cedió la preocupación a su sucesor.
Si bien la hipótesis de intervención militar por una fuerza extranjera hace años ocupa diversos análisis estratégicos y está contenida en el planeamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las condiciones estuvieron limitadas por el entorno amistoso entre sus fronteras, salvo Colombia que, sin embargo, no contaba con un margen de maniobra para encarar un conflicto interestatal por el conflicto social y armado que mantenía álgido.
A pesar del apoyo que recibe Colombia por parte de Estados Unidos, cabe hacerse la pregunta: ¿en un escenario de conflicto interestatal, en qué situación se encuentran Colombia y Venezuela? La nación que hoy gobierna Iván Duque ha acumulado una experiencia para nada desdeñable en la guerra contrainsurgente, ha modernizado sus medios y ha incorporado nuevas capacidades, la mayoría para un tipo de guerra asimétrica que presenta graves limitaciones al momento de comparar las ventajas en defensa con otros Estados de la región. También hay que mencionar que ha logrado un acuerdo de paz con las FARC, su principal amenaza interna, concluyendo con su posterior desarme.
Venezuela, en cambio, ha desarrollado una política acorde a sus hipótesis, teniendo presente la eventual colisión con su vecino, ante lo cual la supremacía aérea puede ser uno de los puntos a favor. Lo dicho hasta aquí presenta apenas un escenario contingente que omite los alcances de las alianzas internacionales que, en una segunda fase de confrontación, puedan desencadenar en una guerra donde intervengan potencias militares como Estados Unidos, Rusia y China, similar a lo ocurrido en los años recientes en Siria.
El pasado 13 de febrero, Iván Duque viajó a Washington para reunirse con Donald Trump. Las acciones de ambos países para terminar con la crisis en Venezuela fueron parte de la agenda; no obstante, el tema más tratado fue la “lucha contra las drogas” sobre la que EE. UU. Mantiene una presión indeclinable sobre Colombia. Con independencia de que Colombia ha instalado en la opinión pública la posibilidad de una intervención militar, la acción en curso es una campaña planificada en torno a la “ayuda humanitaria”. Este operación influye fundamentalmente en la esfera mediática, logrando captar mayores simpatías y facilitando la construcción de la imagen de un acuerdo social sobre la “transición democrática” en un segmento de la población. Por lo tanto, ésta acción psicosocial busca justificar otro tipo de medidas que, ante el agotamiento del “asedio diplomático” y el bloqueo financiero, ponen relieve en una maniobra militar, sea directa o indirecta. La expresión que usó Duque en la reunión bilateral con Trump fue:
“Tenemos que mandarle un mensaje muy fuerte a la dictadura”. La siguiente batalla de este escenario se desarrollará entre el viernes 22 y el sábado 23 de febrero, cuando la USAID pretende introducir una caravana de “voluntarios” para distribuir la “ayuda humanitaria” en Venezuela.
En ninguno de los momentos anteriores la posibilidad de que Colombia intervenga estuvo tan clara como ahora. En la actualidad, el Gobierno colombiano ha logrado liberar la mayoría de sus Fuerzas Militares y de Policía (casi medio millón de efectivos en total) y, mientras posterga la implementación de los Acuerdos de Paz, logró aprobar un incremento en el presupuesto del sector defensa y seguridad para el ejercicio 2019, destinando una parte a la compra de un sistema de armas para la defensa antiaérea[15]. Lo anterior implica disponer de sus fuerzas para una posible incursión en el país vecino y prepararse para defenderse en un teatro de operaciones poco conocido.
SANCIONES ECONÓMICAS DE EE.UU. A PDVSA
El 28 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones congelando los activos de PDVSA y su filial en EE.UU. CITGO[1]. Esto implica:
1. Bloquear el acceso al gobierno venezolano por 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA y 11.000 millones en ventas.
2. Propiedades e intereses de PDVSA sujetas a la jurisdicción estadounidense están bloqueadas y tanto ciudadanos como extranjeros en territorio estadounidense tienen prohibido realizar transacciones con la empresa y funcionarios venezolanos sancionados anteriormente.
3. Se prohibieron las ventas de diluyentes desde EE.UU. a Venezuela. Los diluyentes son necesarios para diluir el crudo pesado venezolano y poder refinarlo, procesarlo y crear gasolinas.
Una de las cláusulas importantes estipula que las empresas estadounidenses Chevron, Schlumberger Limited, Baker Hughes, Weatherford International continúen operaciones a través de las sociedades conjuntas que tienen cada una con PDVSA. La autorización culmina el 29 de abril de 2019. ¿Por qué esta salvedad? Porque estas empresas tienen importantes negocios en Venezuela.
EL IMPACTO DE LAS SANCIONES EN EE.UU.
En informe del Congreso de EE.UU. del 21 de enero, se afirma que el “conflicto largamente anticipado” entre los inversionistas que mantienen bonos venezolanos en incumplimiento y el Gobierno puede estar llegando a un “punto crítico” y las sanciones estadounidenses complican el proceso. “La Administración de Trump ha considerado varias opciones de sanciones en el sector petrolero de Venezuela como un medio potencial para aplicar presión económica al gobierno de Maduro. En general, el impacto económico de las sanciones dependerá de la sincronización (por ejemplo, inmediata versus gradual) de cada opción; además de si dichas sanciones son unilaterales (es decir, solo en los EE. UU.) o multilaterales (es decir, en la cooperación de los EE. UU. Con otros países)”. El mayor impacto sería la prohibición de las exportaciones de petróleo de Venezuela a EE.UU.
Los EE.UU. serán impactados negativamente por las sanciones al petróleo venezolano. Los precios aumentaron un 3 % el martes 29 de enero, luego del anuncio de las sanciones a la Estatal PDVSA. No solo tendrá impacto en la industria petrolera a nivel global, sino que exprimirá las refinarías estadounidenses que dependen del crudo pesado y barato proveniente de Venezuela. El problema es que a pesar de que EE.UU. es el mayor productor de petróleo, todavía depende del petróleo de los países de la OPEP. El gas shale debe ser mezclado con petróleo pesado que hasta ahora proviene de Venezuela. Las refinerías de Texas y Louisiana sufrirán duras consecuencias, luchando entre ellas para conseguir suministros:
“Venezuela es muy importante para los mercados de petróleo, no tanto en cuanto al volumen sino a la calidad del crudo. Las sanciones harán que las refinerías de la costa del Golfo sean las grandes perdedoras”. CITGO importa a EE.UU. 56,173 barriles de petróleo diarios que abastecen la costa Oeste. Es la sexta refinería más grande en EE.UU.
Debe recordarse además que en julio de 2017, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers advertía que las sanciones al sector energético venezolano dañarían no solo los negocios sino a los consumidores estadounidenses.
El plazo de las últimas sanciones es para el 29 de marzo de 2019, cuando bloquearán a las empresas estadounidenses en territorio venezolano. El gobierno de EE.UU. está apostando a una rápida transición en Venezuela y así las empresas petroleras estadounidenses podrían continuar y ser las encargadas de apropiarse y “levantar” la producción venezolana en los próximos años.
En caso de no lograr el “cambio de régimen”, las empresas estadounidenses tendrán que decidir sobre sus activos en Venezuela. Como se aprecia en la tabla, algunas empresas decidieron salir y vender, otras demandar. En caso de demanda el proceso será largo. Bloquear totalmente las importaciones de crudo venezolano conducirá a que las refinerías de la costa Oeste busquen más petróleo canadiense y mexicano para refinar, alternativa que es más costosa.
Como parte de las sanciones económicas impuestas por EE.UU. está la prohibición de mantener relaciones económicas con los sancionados directamente, el Gobierno y/o empresas propiedad del Gobierno venezolano. Un ejemplo es el de Monómeros Colombo Venezolanos. Esta empresa es propiedad en un 86,2 % de Pequiven, filial a su vez de PDVSA, que podría verse afectada. Monómeros es una de las cinco empresas principales en su ramo a nivel regional en El Caribe, tuvo ingresos en 2017 por 1.200 millones de dólares y representa el 46 % del mercado de abonos plaguicidas y químicos de uso agropecuario en Colombia.
Mientras tanto, en vistas del bloqueo planteado por EE.UU., expertos aseguran que el petróleo que Venezuela exporta a EE.UU. será dirigido a otros países y vendido a precio más bajo, por ejemplo China e India[. A esto se suma la preocupación por la participación de Rusia en la industria petrolera venezolana, lo que supondría un grave riesgo para la seguridad energética estadounidense. En 2016, PDVSA obtuvo un préstamo de 1.500 millones de dólares por parte de Rosneft (compañía petrolera estatal rusa), utilizando el 49.9 % de sus acciones en CITGO como garantía para el préstamo.
EE. UU. VS. VENEZUELA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD.
A solicitud de Estados Unidos (EE. UU.) Venezuela fue incluida de manera extraordinaria en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo lugar el pasado sábado 26 de enero en Nueva York. Bajo el argumento de una supuesta “crisis humanitaria” en Venezuela, que “impide al pueblo venezolano acceder a agua y alimentos”, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, respaldó la inclusión del tema en el artículo 54 de la Organización de Estados Americanos (OEA), justificándola en la desestabilización regional que suponía esta situación. El argumento fue refutado, de entrada, por el representante ruso, Vassily Nebenzia, quien consideró que Venezuela “no es amenaza para la paz y la seguridad. Sí las acciones de EE. UU., que son una amenaza para Venezuela”.
Nebenzia denunció que la inclusión de este punto vulneraba el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, relativo a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia pública de cualquier Estado. Los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad votaron la inclusión de Venezuela en el orden del día. El resultado fue 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, lo que dio pie al debate sobre la situación del país.
Por primera vez en la historia, Venezuela fue protagonista del Consejo de Seguridad. En la sesión participaron 30 países, los 15 miembros permanentes y no permanentes y 15 estados que solicitaron participar, entre ellos la República Bolivariana de Venezuela (RBV). Aunque no hubo votación final, pues no se presentaba ninguna resolución, las posturas quedaron divididas entre una mayoría de países, 19, a favor del diálogo y la negociación, (20 si incluimos a la RBV); y 17 países favorables a la injerencia.
Las posturas a favor de la injerencia apelaron al “éxodo” de venezolanos, su desestabilización regional, la falta de legitimidad del Gobierno de Maduro por el desconocimiento del proceso electoral de mayo de 2018, la supuesta represión de dicho Gobierno a la oposición política y al pueblo, así como la apuesta por una “transición democrática”. Destacaron por su agresividad los representantes de Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Chile habló de “abrir un canal humanitario” y Perú pidió la actuación de la ONU amparándose en el artículo 34 de la Carta. Los países de la Unión Europea (UE) miembros del Consejo de Seguridad, Reino Unido y Francia, sostuvieron, junto a Alemania, Bélgica y Polonia, el ultimátum pactado por varios países de la UE de dar 8 días al Gobierno de Nicolás Maduro para convocar elecciones “libres”.
Los países que se mantuvieron del lado del respeto al Derecho Internacional alegaron el peligroso precedente que implica reconocer a cualquiera que se autodeclare presidente de un país por parte de la comunidad internacional, remarcando la necesaria salida dialogada al conflicto y la búsqueda de un acuerdo pacífico.
En el caso de Rusia, que se destacó por hacer una de las defensas más claras de la legalidad venezolana, junto a Cuba y Bolivia, se denunció además la desestabilización que implica para América Latina y el Caribe la injerencia de EE. UU. en Venezuela. Las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, sobre la entrega de los bienes del Gobierno venezolano al gobierno paralelo de Juan Guaidó fueron tildadas por Nebenzia, irónicamente, de “declaración bolchevique”, al suponer la expropiación de los bienes de Venezuela. También denunció el uso de la “diplomacia preventiva” que retrotrae a justificaciones (defensa preventiva) usadas por EE. UU. con anterioridad para invadir Afganistán. La intervención del representante boliviano, Sacha Llorenti, apuntó a los tres ejes detrás de la desestabilización venezolana por parte de EE. UU.: el interés por el petróleo, el control geopolítico y el escarmiento a los países que no se alinean con sus políticas.
EL CERCO SOBRE VENEZUELA SE CIERRA.
El sector público-privado estadounidense viene aplicando diversas tácticas para acabar con el chavismo desde hace años. Tras el fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, en los últimos tiempos ha apostado por la implosión del chavismo por la vía del estrangulamiento económico a través de sanciones y un bloqueo financiero de facto que, unido al despliegue de una guerra económica, explica en buena medida los problemas que enfrenta actualmente Venezuela. Es una estrategia multifactorial en la que participan distintos actores, que pasa por el descrédito del Gobierno venezolano en los medios de comunicación mundiales y el desconocimiento creciente de la legalidad venezolana, ante la imposibilidad de que sus aliados en el terreno, una oposición dividida y desprestigiada entre la propia población venezolana, derroten al chavismo por la vía electoral.
El último capítulo de este libreto ha sido avalar a un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Pero seguramente no será el último. Ante la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro redoblan la presión, incluyendo la posibilidad de demandar al presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional planteada en septiembre de 2018 por varios países, y tuercen el Derecho Internacional para que encaje con la imposición de una institucionalidad paralela sin sustento legal.
A pesar de sus reiteradas menciones al artículo 233 de la Constitución de la RBV para justificar la asunción de Guaidó, esconden que el “abandono de poder” del presidente Maduro -que la Asamblea Nacional en desacato declaró en 2017- no se sostiene en los hechos. El anuncio del traslado de los activos del Gobierno venezolano al gobierno paralelo de Guaidó, es otro paso más en la escalada.
Otro es la negociación de EE. UU con el Gobierno de Maduro para establecer un encargado de negocios, después de la salida de los diplomáticos estadounidenses del país, a la vez que reconoce a un Encargado de Negocios paralelo.
LA TENSIÓN VA CRECIENDO Y VENEZUELA RESISTE.
En este contexto de extrema tensión, en el que ambas partes se juegan el “todo o nada” en cada paso, habrá que estar pendientes del uso que se pueda hacer de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptada en 2005 y usada por el Consejo de Seguridad de la ONU como cobertura legal para intervenir en Libia en marzo de 2011 a través de la resolución 1973. EE. UU. y sus aliados apuestan por la apertura de un “corredor humanitario” que sirva de entrada a los militares para labores supuestamente humanitarias que tendrían como fin último el control del país y, singularmente, de sus recursos petroleros, que serían repartidos entre las compañías estadounidenses que ahora se encuentran fuera del negocio, como ExxonMobil.
En el reparto participarían sus socios europeos y toda una pléyade de empresas contratistas de distinto rango. Algo similar a lo que sucedió con Irak. Las declaraciones de John Bolton, Marco Rubio y otros funcionarios estadounidenses al respecto, y el anuncio del congelamiento de los pagos y los activos de PDVSA, muestran el interés central por el crudo venezolano.
Otro punto importante son las provocaciones que pueden detonar la chispa en las calles que la oposición todavía no logra prender. Estas provocaciones pueden incluir algún tipo de atentado contra la figura de Guaidó que sea funcional a los intereses de quienes manejan sus hilos, que no tendrán inconveniente en sacrificar a su marioneta para el logro de objetivos mayores valorados en miles de millones de dólares. En este sentido, es sintomático que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya otorgado rápidamente medidas cautelares para la protección de Guaidó y su familia cuando en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002 se negó a otorgarle dichas medidas al presidente legítimo del país.
EL PAPEL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN DEFENSA DE LA PAZ DE VENEZUELA.
Venezuela es la expresión de la pugna geopolítica de hoy, pero no será la última. La reunión extraordinaria sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad ha demostrado, no obstante, que si EE. UU. Quiere emprender mayores acciones bélicas contra Venezuela deberá hacerlo con la oposición de una mayoría de la comunidad internacional. El sábado en la ONU se escenificó la decadencia de un mundo occidental, representado por EE. UU.
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